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El 79,5 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución en Bogotá dicen que están en ese oficio por su situación económica. Es la razón más común que les dan a los funcionarios que las abordan para conocer su situación.

Y hablo de mujeres porque ellas representan el 95 por ciento de la población que acude a esta actividad para conseguir ingresos. De ellas, el 88,2 por ciento tienen entre 18 y 45 años, la franja de edad en la que están en la vida productiva.

Estas cifras muestran hasta qué punto el ejercicio de la prostitución se realiza en medio de la vulnerabilidad, la exclusión social y la explotación, con un componente de aceptación social y cultural que hacen difícil enfrentar la violación de los derechos humanos.

También habla de la condición socioeconómica de las mujeres en ejercicio de la prostitución el lugar donde habitan: 34 por ciento de ellas vive en localidades como Kennedy, Mártires y Rafael Uribe, zonas de la ciudad donde prolifera la población de estrato 2.

Y aunque no todas son de Bogotá, pues el 53 por ciento declara que ha llegado de otros municipios del país, es la ciudad la que debe enfrentar el problema porque es en ella donde ejercen su oficio. Y no hay que olvidar las bandas organizadas de proxenetas que las explota inmisericordemente.

A la explotación y exclusión ha contribuido la indiferencia histórica del Estado, que solo esporádicamente ha reglamentado de manera parcial y desintegrada la actividad, más desde la sanción que desde la defensa y restablecimiento de los derechos.

Un tema que es preciso enfrentar y abordar de inmediato es el de la medición de esta población. No hay un censo actualizado y los datos de caracterización que maneja la Secretaría de Integración Social corresponden a muestras de las personas que acceden a sus servicios, pero no a un dato pormenorizado de cuántas son y dónde están estas mujeres. Además es una población nómada, dependiendo de las circunstancias: riñas, peleas, amenazas, venganzas y violencia las obligan a desplazarse.

Es difícil cuantificarlas e identificarlas para saber dónde están, por eso es prioritario que se establezca con claridad cuáles son las zonas llamadas de tolerancia donde pululan los negocios que promueven la prostitución, casi siempre en medio de precarias condiciones sanitarias, de salubridad y de habitabilidad.

En la ciudad están identificadas 13 localidades que tienen puntos o zonas de tolerancia, pero realmente el oficio se ejerce camuflado en bares, hostales y whiskerías que la comunidad identifica por los problemas de convivencia e inseguridad que generan, pero que las autoridades no tienen diagnosticados ni bajo control.

Y es precisamente en esta radiografía del desconocimiento donde radica la mayor parte de las violaciones a los derechos de las mujeres en condición de prostitución, pues ni si quiera hay cifras actualizadas y confiables de la magnitud de las vejaciones a las que son sometidas.

Se sabe que las jóvenes entre 20 y 24 años y las de 25 a 29 están entre las principales víctimas de delitos sexuales, pero no hay estadísticas confiables sobre el tema. También son las más propensas a las lesiones personales, pero sus casos difícilmente figuran en las estadísticas.

Y me quiero detener en un tema que es alarmante y que lo denuncié en el debate realizado en el Concejo de Bogotá: el de la adicción a las drogas y el alcohol. Las mujeres que están en la prostitución reconocen en los estudios de las autoridades que han llegado al alcohol desde los 6 años de edad. El 52,11 por ciento consume licor. En general el 68 por ciento es adicta a alguna sustancia que genera dependencia.

A estas adicciones hay que sumarles los problemas de enfermedades de trasmisión sexual que deben enfrentar: en el 2016 se notificaron 1.516 diagnosticadas con algún tipo de estas enfermedades, mientras en el 2015 habían sido 2.147 los casos. La incidencia del virus del VIH/sida pasó de 21,1  a  27,3 casos por cada 100.000 habitantes, según la secretaría de Integración Social.

Y cierro esta dramática radiografía con este llamado: los hospitales públicos y privados deben tener protocolos de atención para las mujeres víctimas de trata de personas: es un hecho que la vulnerabilidad, especialmente de jovencitas, las expone a redes de tráfico de personas que difícilmente están identificadas y trabajan a sus anchas en las zonas de tolerancia.

De ahí que la administración deba enfrentar las zonas de tolerancia armonizando los derechos de las mujeres con los de los residentes de estos sectores, porque no puede seguir dejando estos sitios a merced de las mafias que explotan la vulnerabilidad de las mujeres.

Lucía Bastidas

Concejal