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10 observaciones de la Veeduría Distrital al protocolo del derecho a la protesta pacífica

Por: comunicaciones
Publicado el: Octubre 2020

El Veedor Distrital llamó la atención sobre varios puntos, entre ellos el trámite de permisos para ejercer el derecho a la protesta

La Veeduría Distrital formuló 10 recomendaciones sobre la Resolución 1139 de 2020, a fin de no incurrir en regresividad frente a los derechos relativos a la protesta social pacífica, así como los derechos de quienes no participan en ésta.

El Veedor Distrital llamó la atención sobre varios puntos, entre ellos el trámite de permisos para ejercer el derecho a la protesta, la protección de datos personales, la claridad frente al uso de armas no letales, la prohibición explícita sin excepción alguna del uso de armas de fuego. Hace claridad acerca de que, conforme a la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales, el permiso no debe ser entendido como autorización y ninguna autoridad, salvo el legislador y por razones constitucionalmente plausibles, puede establecer cuándo un fin se considera ilegítimo. 

La Veeduría Distrital anota que el uso de la violencia y el vandalismo de unos pocos no pueden anular el derecho del resto a la reunión pacífica. La intervención de las fuerzas de seguridad debe estar focalizada en aislar a los violentos.

“La Veeduría Distrital reitera que la protesta social es un derecho constitucional que debe ser garantizado y que está relacionado con la realización de derechos fundamentales como: la libertad de expresión y de información, el derecho a la libre asociación, el derecho de huelga, el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos, entre otros, que  gozan de un marco de protección internacional vinculante para el Estado colombiano, así como los derechos fundamentales de quienes no participan en la protesta, por eso solicitamos que las observaciones sean tramitadas y  en ningún caso se retroceda en el camino hacia la garantía de los derechos fundamentales”, señaló el Veedor Distrital, Guillermo Rivera.

El análisis fue realizado por la entidad de manera integral en observación a la jurisprudencia, las normas vigentes, la Constitución Política y los estándares internacionales elaborados por el relator de Naciones Unidas para la reunión pacífica y recogidos luego en la Observación 37 del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Veeduría llamó la atención sobre varios puntos del protocolo expedido por el Gobierno Nacional.

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