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"Autoridades judiciales deben investigar presuntos hechos para-policiales”

Por: comunicaciones
Publicado el: Septiembre 2020

La evidencia recabada por la Veeduría evidencia que las actuaciones de la Policía no fueron proporcionales a las de las personas que cometieron desmanes

El Veedor Distrital, Guillermo Rivera, presentó un completo informe sobre los sucesos ocurridos el 9 y el 10 de septiembre en la capital, en los que el vandalismo y los abusos de la policía, afectaron el ejercicio del derecho de la protesta social. Entre los hallazgos: hombres vestidos de civil acompañaron la represión policial.  

La evidencia recabada por la Veeduría evidencia que las actuaciones de la Policía no fueron proporcionales a las de las personas que cometieron desmanes y terminaron afectando a civiles que protestaban legítimamente o transitaban por las zonas en las que hubo violencia.

Bogotá, 18 de septiembre de 2020. Las protestas ciudadanas por cuenta de la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de dos policías, causaron heridas profundas en Bogotá y evidenciaron problemas de fondo en las actuaciones de la fuerza pública, las cuales merecen reformas concretas.

En los hechos, que afectaron sobre todo a las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Engativá, muestran una previsible desproporción entre los desmanes cometidos por la fuerza pública y la ciudadanía. Así, mientras hubo 75 ciudadanos heridos con armas de fuego, 4 policías fueron heridos de la misma manera . “Nos preocupa que, en varios de los videos sobre confrontaciones entre civiles y policía durante esas noches, se ven hombres vestidos de civil que acompañan a los policías disparando. No se sabe si son policías vestidos de civil, o civiles armados que presuntamente realizan hechos para- policiales”, asegura el Veedor Rivera.

Las dinámicas de abuso policial no son exclusivas de esos dos días. Durante lo transcurrido de 2020 se han recibido 137 denuncias por abuso policial, distribuidas así:

Desde estos 137 casos de presunto abuso policial y vulneración de los derechos humanos, de estos, el 86% fueron denunciados por violencia física, verbal y procedimiento arbitrario. Los reportes de la Policía de Bogotá mencionan que apenas se están investigando 38 casos del total. La mayoría de los abusos se presentan en Ciudad Bolivar, Rafael Uribe y Mártires.

Las denuncias recibidas por la Personería también preocupan. Esta entidad ha registrado 141 denuncias sobre abuso de autoridad; de estas el 50% fueron hombres, 35% mujeres y 10% población LGTBI. Por su parte, la Veeduría Distrital, cuenta con tres expedientes abiertos frente al abuso de autoridad.

Las dinámicas anteriores, se reflejan en una pérdida preocupante de confianza en la policía. Según el Barómetro de las Américas, solo uno de cada cuatro habitantes de la ciudad confía en esa fuerza. Esta cifra la corrobora el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, que a partir de otra encuesta determina que solo tres de cada 100 bogotanos que acude al derecho a la protesta, confía en la Policía.

A pesar de que las protestas han venido en aumento desde 2018 en Colombia y Bogotá, el incremento en casos de vandalismo que afectan la protesta, así como la represión y los abusos policiales que afectan el derecho de los ciudadanos a manifestarse, requieren soluciones estructurales. Entre ellas, la Veeduría Distrital plantea las siguientes:

• Promover una rápida actuación judicial y disciplinaria para esclarecer los hechos en los que están comprometidos policías, así como acciones judiciales efectivas frente a hechos de violencia cuya responsabilidad se atribuye a los ciudadanos.

• Esclarecer los hechos  en los que personas vestidas de civil aparecen disparando de la mano de la policía.

Además, se debe promover una reforma dirigida a :

• Garantizar la independencia y neutralidad en el ejercicio del control interno de la Policía. Se debe considerar recuperar la figura del Comisionado Nacional para Asuntos de Policía que fue suprimida en 1997.

• La evaluación y seguimiento al interior de la Policía debe comprender el componente de prevención de acciones constitutivas de violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos.

• Instaurar mecanismo para vigilar y garantizar el estricto cumplimiento, por parte de la Policía y todos sus efectivos, de las instrucciones impartidas por el alcalde o alcaldesa de la ciudad.

• Adelantar iniciativas institucionales orientadas a pedir perdón a las víctimas de los hechos ocurridos.

Es fundamental que la Policía Metropolitana de Bogotá realice todas las acciones pertinentes para reestablecer la confianza en su institución que permita garantizar la legitimidad en sus acciones. De ello, sumado a la promoción de la cultura ciudadana en aras de que el vandalismo no termine afectando el derecho a la protesta, dependerá que se recupere el contrato social en la ciudad. “De que reformas como estas se hagan, dependerá que hechos como los del 9 y el 10 de septiembre, en los que incluso se vieron en videos y en denuncias presuntos hechos para-policiales no vuelvan a ocurrir jamás”, concluye Rivera.

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